Comunicado de Prensa Cámara de Centros de Inspección Vehicular (CCIV)

Rosario, 15 de mayo de 2025 

 

La Cámara de Centros de Inspección Vehicular (CCIV) ha presentado una acción de amparo con medida cautelar para solicitar la suspensión inmediata del Decreto 196/2025 en sus artículos 12 y 13 al considerar que vulnera múltiples derechos constitucionales. 

 

Vulneración de derechos y retroceso en políticas públicas de seguridad vial

 

El decreto impulsado por el Gobierno Nacional modifica aspectos esenciales de la Ley N.º 24.449 sobre Tránsito y Seguridad Vial, particularmente en lo relativo a la Revisión Técnica Obligatoria (RTO). La CCIV sostiene que estas modificaciones, como la ampliación injustificada de los plazos de inspección y la habilitación de actores con conflictos de interés, atentan contra los derechos consagrados en los artículos 99.2, 42, 75.22, 28, 116, 33 y 121 de la Constitución Nacional, y contradicen la jurisprudencia vigente sobre la materia. 

 

Conflictos de interés y deterioro en los estándares de control 

 

La posible incorporación de concesionarios, talleres mecánicos e importadores como prestadores de RTO representa una grave desviación de las normas técnicas y éticas que rigen el control vehicular. Estos actores no pueden ser “juez y parte” en el proceso de inspección, lo cual va en contra de las exigencias de imparcialidad e independencia que establece la normativa internacional. Esta flexibilización pone en riesgo la calidad de las inspecciones y favorece intereses comerciales por sobre el bien común. Tal como advierte el Instituto de Seguridad y Educación Vial (ISEV), permitir que quien repara o vende repuestos sea también quien inspecciona rompe con el principio básico de exclusividad del operador técnico, consagrado en países como Francia, donde se prohíbe expresamente la participación del verificador en actividades comerciales vinculadas al vehículo. 

 

Un decreto inconstitucional que erosiona el federalismo

 

Desde la CCIV se advierte que el Decreto 196/2025 constituye un avance sobre las facultades exclusivas de las provincias en materia de tránsito y seguridad vial. La seguridad vial es una competencia originaria de las jurisdicciones provinciales, y cualquier intento de intervención unilateral del Estado Nacional implica un desconocimiento del sistema federal y de la autonomía provincial garantizada por la Constitución. Este avasallamiento genera además un escenario de inseguridad jurídica y desinformación, particularmente si algunas provincias adhieren a la reforma y otras no. 

 

Advertencia sobre el impacto social y legal del decreto

 

La falta de sustento técnico y la pésima técnica normativa empleada proyectan un aumento de los siniestros y fallecimientos viales. Diversas organizaciones de víctimas del tránsito ya han expresado su preocupación por las consecuencias que puede acarrear esta desregulación. La CCIV exige que los funcionarios responsables rindan cuentas ante la sociedad y el Poder Judicial por las posibles derivaciones de esta medida. 

 

Llamado a preservar la seguridad vial y el marco institucional 

 

La CCIV reitera su compromiso con un sistema de RTO profesional, imparcial y tecnológicamente actualizado, e invita a las autoridades provinciales a rechazar este decreto que debilita los principios constitucionales y las políticas públicas de prevención. Asimismo, convoca a los distintos actores sociales y técnicos a sostener un debate responsable sobre el futuro de la seguridad vial en la Argentina. 

 

Tal como expresa el Dr. Eduardo Bertotti, Director del ISEV:

“La sociedad cuenta con tres defensas sociales para la seguridad vial: la licencia de conducir como control del factor humano, el buen mantenimiento de la red vial como garantía del camino, y la Revisión Técnica Obligatoria como resguardo frente al factor vehicular. Si destruimos este último pilar, estamos dejando a la ciudadanía expuesta al riesgo constante.”